LA FIRMA
DCLAW es una firma dominicana de servicios legales, corporativos, de cumplimiento y gobernanza, con alcance transfronterizo. Acompaña a empresas, empresas familiares y órganos de gobierno en las distintas materias que atraviesan su operación, su estructura y sus decisiones, directamente desde sus áreas de práctica o coordinando abogados y especialistas, en la República Dominicana y en otras jurisdicciones, cuando el asunto lo requiere.
DCLAW está organizada y opera conforme al marco legal dominicano y a los principios éticos de la profesión legal. Según la naturaleza de cada encargo, incorpora además los estándares profesionales aplicables a las disciplinas que practica y, en asuntos transfronterizos, coordina con abogados y especialistas debidamente habilitados en las jurisdicciones correspondientes.
Estos principios se traducen en reglas explícitas de aceptación de asuntos, conflictos de interés, independencia, escalamiento y comunicación con el cliente. Las mismas reglas ordenan la actuación de DCLAW dentro de la firma y su relación con los abogados locales, profesionales y socios estratégicos que participan en cada encargo, con claridad en las funciones, responsabilidades y líneas de comunicación.
NUESTRA DIRECCIÓN LEGAL
Mariel León Pimentel es socia fundadora de DCLAW | Dominican Center for Legal Assistance, firma dominicana de servicios legales, corporativos, de cumplimiento y gobernanza.
Abogada con más de veinte años de ejercicio en Derecho Corporativo y Práctica Internacional del Derecho, ha concentrado su práctica reciente en Gobierno Corporativo y Cumplimiento. Su trayectoria combina el ejercicio jurídico con la Alta Dirección: ha desempeñado funciones de Dirección Ejecutiva, de Operaciones y Jurídica, conduciendo equipos multidisciplinarios en organizaciones nacionales e internacionales. Tiene una vinculación particular con el sector sin fines de lucro, donde ha asesorado a órganos de gobierno y ejercido como Directora Ejecutiva de una organización internacional en la República Dominicana, con la planificación estratégica, la sostenibilidad y la relación con las autoridades bajo su responsabilidad.
NUESTROS ESPECIALISTAS OF COUNSEL
Gregorio García
Litigios y resolución de disputas en materia civil, comercial, laboral, inmobiliaria, penal, administrativa y constitucional. Arbitraje, asesoría laboral y contratación.
Sandra Nogué
Mediación, resolución alternativa de conflictos y negociación colaborativa. Diseño de estrategias de diálogo en los ámbitos empresarial, institucional y comunitario.
Janet Adames
Propiedad intelectual e industrial, derecho de autor y derechos conexos. Contratos, negociación de derechos y administración de portafolios de intangibles.
M. Cristina Santana
Derecho de los negocios, empresas familiares, cumplimiento normativo y regulatorio, fideicomiso y prevención de lavado de activos.
NUESTRO EQUIPO
Respaldo Profesional
DCLAW participa en estas asociaciones profesionales, como firma o a través de sus especialistas.
Preguntas frecuentes
¿Qué le puede pasar a la empresa según el Artículo 39?
La empresa se enfrenta a tres consecuencias principales para las infracciones graves y muy graves: la multa, las penas complementarias y la disolución legal de la persona jurídica.
¿Qué sanciones contempla el Artículo 41 mediante las penas complementarias?
Se contemplan medidas que afectan directamente la operación comercial, tales como la clausura definitiva o temporal (hasta tres años) de establecimientos, la revocación de licencias y autorizaciones administrativas (hasta cinco años), la inhabilitación para participar en concursos y oposiciones públicas (hasta cinco años), la inhabilitación para hacer llamado público al ahorro (hasta cinco años), y la confiscación y decomiso de los bienes procedentes de la infracción.
¿Cómo se calculan las multas económicas establecidas en el Artículo 40?
Las multas se determinan tomando como base el salario mínimo del sector público vigente al momento de la infracción, oscilando entre 50 y 500 salarios mínimos para infracciones graves (aproximadamente RD$0.5 a 5.0 millones), y entre 100 y 1,500 salarios mínimos para infracciones muy graves (aproximadamente RD$1.0 a 15.0 millones), imponiéndose el máximo en casos de reincidencia.